Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos será presentada una solicitud formal para solicitar intervención en la protección de los derechos del Magistrado Jorge Pretelt, por la investigación que se le adelanta por presuntamente solicitar la suma de 500 millones de pesos a cambio de favorecer el trámite de una tutela a favor de la empresa Fidupetrol.
Pretelt solicitará que se le otorguen medidas cautelares dirigidas a la protección de la defensa, al considerar que ha sido prejuzgado dejando a un lado la presunción de inocencia, refiriéndose a la Constitución Política que indica que "nadie puede ser tratado como delincuente o ser culpado de una falta disciplinaria hasta que no se haya demostrado su responsabilidad en juicio y se establezca así una sentencia ejecutoriada".
En otra comunicación enviada al presidente de la República, Juan Manuel Santos y al fiscal General, Eduardo Montealegre el expresidente de la Corte solicitó que se abstengan de dar declaraciones sobre el proceso que cursa en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y en la Fiscalía General, al considerar que se le estaría vulnerando el debido proceso.
"En las últimas semanas mi familia y yo hemos sido objeto de una presión indebida, ilegal e inconstitucional por parte de funcionarios de su gobierno y en particular por parte del señor fiscal General, a través de una serie de declaraciones en los medios de comunicación en las que se señalan de actos de corrupción e incluso pretenden envolverme junto con mi familia en actos criminales", precisa uno de los apartes de la misiva.
Fuente de texto e imágenes tomadas de hsbnoticias.com
Pretelt solicitará que se le otorguen medidas cautelares dirigidas a la protección de la defensa, al considerar que ha sido prejuzgado dejando a un lado la presunción de inocencia, refiriéndose a la Constitución Política que indica que "nadie puede ser tratado como delincuente o ser culpado de una falta disciplinaria hasta que no se haya demostrado su responsabilidad en juicio y se establezca así una sentencia ejecutoriada".
En otra comunicación enviada al presidente de la República, Juan Manuel Santos y al fiscal General, Eduardo Montealegre el expresidente de la Corte solicitó que se abstengan de dar declaraciones sobre el proceso que cursa en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y en la Fiscalía General, al considerar que se le estaría vulnerando el debido proceso.
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